Aplicada a fondo, la medida modificada en 2014 le permitiría al Gobierno imponer nivel de producción, precios, distribuir mercadería y crear instancias de intermediación. Sería para productos básicos durante la crisis.

El Gobierno tiene planeado aplicar la amenazante Ley de Abastecimiento, un látigo que suelen agitar las autoridades políticas cuando las condiciones económicas no responden a sus expectativas y los precios se aceleran. Pero en esta oportunidad, su empleo no vendría por una cuestión económica o de precios, sino por un tema sanitario. La pandemia de Covid-19 ha tenido en otros países, como España, un efecto devastador sobre el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad. Las personas arrasaron con las góndolas de los supermercados luego de que las autoridades decretaran el aislamiento para evitar el contagio de la enfermedad.

Más allá de que en los últimos días se han producido explosivos incrementos de precios en algunos insumos de higiene, como el alcohol en gel y los barbijos que en cuestión de días triplicaron sus valores, en el Gobierno quieren curarse en salud. No quieren llegar al extremo de un desabastecimiento de artículos de primera necesidad, provocado por un incremento de demanda inusual de parte del público. He hecho, en las últimas 48 horas en supermercados de proximidad comenzaron a verse faltantes de productos.

La Ley de Abastecimiento (20.680) fue sancionada en junio de 1974 durante los últimos días de la presidencia de Juan Domingo Perón, años en que comenzaban a sentirse los primeros efectos de la inflación severa, algo que hasta ese momento era desconocido para la mayoría de los argentinos. Casi no tuvo aplicación en la historia. Tuvo una modificación en 2014 (26.991) bajo el impulso del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien amenazaba a los empresarios con usarla si subían los precios. Así, la nueva versión excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. Originalmente, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijan multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.

La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno hacer todo en una empresa. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.

Al respecto, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un comunicado en el que ratifica “su compromiso de colaboración con las autoridades, en el abastecimiento de alimentos y bebidas, frente al actual escenario presentado por la pandemia de coronavirus”. La entidad salió a aclarar que el sector “cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas para proveer al país”, pero a su vez advierte: “Es importante que no prime la ansiedad para continuar con un normal abastecimiento”.

Al relativizar su responsabilidad, en caso de faltantes, la Copal dejó claro que las empresas “apelan a la responsabilidad de la sociedad a la hora de realizar sus compras y que se acaten todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder contener con éxito la propagación del virus”. Por otro lado, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) aseguró que “la logística y distribución de insumos básicos está asegurada” a pesar de la crisis.

Fernando Blanco Muiño, exdirector de Defensa del Consumidor, en la anterior gestión, consideró que si se aplica la norma, “sería la primera vez en la historia que se usa con real justificación”. Blanco Muiño sostuvo que a diferencia de otros momentos en los que los funcionarios amenazaban con la ley para que las empresas simplemente bajaran los precios, en el contexto de una pandemia “se trata de custodiar un bien jurídico superior, que es la salud de la población”. El exfuncionario consideró que “en Argentina los empresarios están acostumbrados a subir los precios ‘por si acaso’”. “Me parece que estamos hoy en nuevo capítulo. Se hablaba de una posible devaluación, y por si acaso aumentaban, si hay un problema logístico por si acaso aumentan, si aumenta el petróleo por si acaso aumentan”, agregó. Blanco Muiño afirmó que el Gobierno “tiene legitimidad de origen y el marco legal para regularizar esto mientras dure la pandemia”.