La ministra Sabina Frederic lo consideró "lesivo de derechos y garantías". También se denego la participación del polígrafo en las pruebas par el ingreso de los policías.

Cuestionado desde que se implementó en 2018, el uso del popularmente conocido "detector de mentiras" fue prohibido este martes por decisión del Ministerio de Seguridad, que conduce Sabrina Frederic, por considerarlo "incompatible con un modelo de seguridad democrática y ciudadana".

Así es como por medio de la resolución 74/2020, publicada en el Boletín Oficial, se derogó también la autorización de pruebas de polígrafo al personal de las fuerzas de seguridad federales que pretendían "integrar determinadas áreas de trabajo o en el marco de actuaciones disciplinarias", una normativa aprobada por la ministra Patricia Bullrich en 2019, que obligaba a los Grupos Operativos Conjuntos de Investigaciones narcotráfico, a aplicar el polígrafo en el personal.

En el procedimiento, creado por el norteamericano Leonard Keeler en 1938, se proponía que un aparato registrara las respuestas fisiológicas de una persona cuando se le formulan una serie de preguntas simples, a la vez que se medían la respiración y los latidos del corazón mediante unos sensores.

Prohibido en las jurisprudencias de España, Italia, Alemania y Francia; ahora la resolución que se retrotrae a 2018, advierte que el polígrafo es "una forma directa o torticera de obtener la confesión despreciando la personalidad humana". Además, según se argumentó desde el Ministerio de Seguridad: "Su utilización puede vulnerar no pocos derechos que, por sí solos y, sin necesidad de más consideraciones, harían inadmisible su aceptación en el proceso penal" y que "el imputado puede ser convertido en simple objeto del proceso" o "en animal de laboratorio".

Según el perito criminalista Luis Olavarría: "La decisión de Frederic se basa en una jurisprudencia diferente a la que aplicó Bullrich. Aquí el foco está puesto en la persona, pero a la vez está probado que la fiabilidad del detector ronda el 30 por ciento o menor, lo cual es muy bajo para que su resultado sea tomado como elemento de prueba, o para darle alguna certeza a la justicia".

En Seguridad, explicaron que el "detector de mentiras" es "incompatible con los principios y garantías de nuestro estado de derecho". Además, en los argumentos, se aclaró que los cuatro polígrafos adquiridos desde 2018 no fueron utilizados y que se trata de elementos que pueden resultar de interés para estudios en psicofisiología, psicología experimental y psicometría, especialmente en áreas académicas, por lo que la ministra solicitó un informe al respecto, con el fin de de darles un destino adecuado.

"No sé cuál fue el criterio para comprarlos, no existe prueba científica que avalara su uso -explicó Olavarría-, en la Justicia siempre hubo dudas con respecto al procedimiento, por eso nunca se usaron en dos años".