Son las 500 fichas de periodistas, políticos y empresarios espiados por diversos motivos. Pidieron indagar a Macri por ser "responsable" de la política de Inteligencia Nacional.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregó a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº10, Paloma Ochoa, unas 500 fichas de "perfilamiento" de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la segunda denuncia por espionaje ilegal producido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las pruebas aportadas a la causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, constan de la información de 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevados de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G20 y de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC.

La intención de la AFI era llevar las contundentes pruebas de inteligencia ilegal el viernes pasado, pero finalmente el trámite se cumplió este lunes por una desinfección de la sede de los tribunales de Comodoro Py.

Este expediente se tramita en paralelo a la causa iniciada en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, donde se presenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner como damnificada del espionaje ilegal.

La documentación aportada a la causa por espionaje incluye informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

La denuncia considera que los agentes involucrados (sobre quienes rige la reserva de identidad prevista en la Ley Nacional de Inteligencia); el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas, y la ex subdirectora general del organismo, Silvia Majdalani, violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Además, solicitó la citación del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.