El ingeniero en Electrónica Ariel Garbarz explicó el peritaje que expuso al macrismo en 2015 en una jugada espionaje similar a la que se reveló en estos días.

En los últimos días, la nueva conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció espionaje ilegal a periodistas, políticos y empresarios, pero no fue el primer antecedente del macrismo en esta área. En 2015, a poco de las elecciones las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se presentaron ante la Justicia con una lista de presuntos espiados. Si bien la acusación no fue corroborada en los términos en los que plantearon las funcionarias, el ingeniero en electrónica Ariel Garbarz explicó en una investigación de minutouno.com qué hubo detrás de aquella jugada.

"Es de estado público que están espiando a jueces federales, primero tomó estado publico que investigaban sus entradas y salidas del país inflitrándose en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones", apuntó Garbarz a fines de 2019 a C5N respecto a una práctica que señaló con tono "intimidatorio, cuando te espían y te lo hacen saber, te están mandando un mensaje mafioso" para que "no se metan con ex funcionarios, porque a partir de diciembre van a ser ex funcionarios".



En ese sentido, el técnico recordó que el espionaje ilegal "empezó a fines de 2015 y principios de 2016, cuando dos jueces federales, Casanello y Martínez de Giorgi, comprobaron que había jueces políticos y periodistas que tenían intervenidos sus teléfonos y en ese entonces lo dieron a conocer".



"Fui perito oficial designando por ambos jueces junto con otros ingenieros de la UTN y lo corroboramos, por supuesto que Patricia Bullruich mandó a su gente de cibercrimen para decir que todo eso no servía. En 2016 se hicieron nuevas pericias, por el segundo juez que tomo la causa, que es Martínez de Giorgi y se volvieron a verificar que efectivamente estaban intervenidos los teléfonos, pero ya había asumido el gobierno de Macri", agregó.



En aquella oportunidad Garbarz explicó que los sistemas para las escuchas permitían escuchar llamados, las conversaciones ambientales y la geolocalización. "Hay un poder que no va a terminar el 10 de diciembre, que es el poder mafioso de la alianza de los servicios con ciertos periodistas y con ciertos jueces o fiscales, que en base al espionaje inventaron causas, dictaron prisiones preventivas ilegales y que es necesario desarmar esa estructura porque lo que va a hacer es hackear al nuevo gobierno a través de estos métodos", denunció.

Patricia Bullrich y Laura Alonso se habían presentado en 2015 en Comodoro Py y aseguraron ante la Justicia que el Gobierno estaba haciendo espionaje ilegal. En ese momento presentaron una lista de las preguntas víctimas que les habrían hecho llegar dos servicios de la AFI. "Fue una acción en medio de la campaña electoral, se comprobó que una parte de esos nombres estaban pinchados", expresó Garbarz y agregó que "las personas que hacían el espionaje nunca fueron localizadas, pero se pudo determinar que lo hacían a través de un spyware interceptor que había sido adquirido por el gobierno de Macri. Ellos hicieron el espionaje y lo denunciaron en plena campaña electoral y ahora (por noviembre de 2015) lo vuelven a hacer".