La auditora contable y un inspector de obra no pudieron acreditar las supuestas irregularidades denunciadas por el titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Macri.

En una nueva audiencia juicio Vialidad una auditora contable y un inspector de obra no acreditaron irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. La primera sólo habló de faltas menores de “caja chica”, mientras que el segundo testigo negó haber recibido órdenes para disminuir los controles en ese distrito. La coordinadora adjunta del área de auditoría contable de Vialidad Nacional declaró que las inconsistencias detectadas en Santa Cruz no diferían de las habituales en otras localidades.

Según consignó este miércoles en ámbito.com Valeria Navaridas, quien formó parte del estudio ordenado por Javier Iguacel en 2016, al inicio de su gestión en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sobre las obras viales en Santa Cruz. Se trata de la auditoría que usó el ex funcionario macrista para denunciar penalmente a Cristina Kirchner. Según detalló la testigo se trató de un “relevamiento integral administrativo contable” poco habitual en esa época del año, ya que en los meses de diciembre y enero suelen dedicarse a tareas de cierre del año anterior.

“Verificamos que existían debilidades en materia de control interno. Gran parte de esto ya había sido relevado en el año 2012 y varias observaciones eran recurrentes”, dijo. Sin embargo, ante la consulta de las defensas reconoció que las “observaciones” de Santa Cruz fueron “de similar envergadura que en otros distritos”. Y que, en general, en todas las jurisdicciones “con los meses nos van informando y se van subsanando”.

Según dijo la profesional, “había un atraso en la rendición de cuentas por parte del Distrito y en la aprobación por parte de casa central”, pero que ninguna de esas demoras estaban relacionadas con la obra pública. En concreto habló de faltas menores como falencias en “caja chica, bancos, valores en garantía, valores de tercero, fondos de reparo y partidas a invertir”.

Lejos de los sobreprecios, el direccionamiento o las obras inconclusas que plantea la acusación, la testigo sólo pudo acreditar una diferencia en la caja chica de Vialidad en la provincia patagónica. “¿Usted detectó que alguna de esas irregularidades haya incidido en alguna obra pública de Santa Cruz?”, interrogó una de las defensas. “Puntualmente yo no detecté nada”, respondió Navaridas. Al avanzar en el detalle de la auditoría pedida por Iguacel, la contadora puntualizó que señalaron un faltante de caja chica por 700 pesos.

El segundo testigo de la jornada fue convocado por la Oficina Anticorrupción y por la defensa de Lázaro Báez. Se trató de Gustavo Remet, ingeniero civil, auditor y luego inspector de obra en Vialidad Nacional, donde se desempeña desde 1994.

En una breve declaración debió responder la pregunta del abogado de Báez, Juan Villanueva: ¿Recibió alguna orden para disminuir los controles de auditoría en Santa Cruz? “No. No específicamente. El organismo puede aumentar o disminuir controles. Pero nadie, jamás me dijo específicamente que tenía que disminuir o incrementar los controles en esa provincia”.

La audiencia fue presidida por el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Lunes y martes de la semana que viene está previsto que declaren otros tres testigos, pero fue el cierre de los profesionales a los que Iguacel encargó el primer informe apenas asumió Cambiemos, y que hizo caer la urgencia de la denuncia penal.