A noviembre 2016, Abad contaba con información que derribaba irregularidades sobre 1.648 planes relevados, incluida la petrolera. Testigo que confeccionó el documento descartó que hubiera tenido "trato preferencial". Equipos especiales y una muestra seleccionada por las máximas autoridades, hechos inédit

La hipótesis delictiva que se ventila en el juicio Oil Combustibles recibió ayer un golpe de knock out y produjo un cimbronazo que podría tener repercusión en otros expedientes. Un testigo de la AFIP, considerado secundario en el listado de convocados, resultó desequilibrante para confirmar ante el Tribunal Oral Federal N°3 que el exadministrador federal Alberto Abad “escondió” durante tres años una auditoría ordenada por el propio organismo sobre todos los planes de pagos otorgados por el fisco, y cuyas conclusiones –ya a noviembre de 2016- desbarataban el corazón de la denuncia que la administración Cambiemos había llevado a la justicia en esta causa de alta exposición pública.

“¿Detectó durante su auditoría sobre el otorgamiento de los planes de pago algún tipo de tratamiento preferencial a algún contribuyente y especialmente a Oil Combustibles?”, preguntaron las defensas. “Al nivel de proceso y desde lo que nosotros vimos cómo esta tramitación se hizo, no percibí un tratamiento diferenciado. En algunos casos habrá habido más o menos documentación, pero no puedo concluir eso”, respondió Martín Álvarez, sin dudar.

El testimonio resultó demoledor por lo que reveló: Álvarez supervisó la denominada OIP 15 en la que la AFIP buscó indagar en todos los planes especiales de facilidades de pago otorgados por la gestión de Ricardo Echegaray que nació en paralelo a la especialmente dirigida respecto a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. De hecho, el auditor confirmó que en sus oficinas se hablaba de la OIP 14 sobre la que Abad “tenía un interés particular” y era “un tema sensible”: “Supe que otro equipo iba a tener que hacer una revisión específica respecto de una empresa”, dijo respecto a por Oil. Pero, aunque destacando su intervención, el funcionario contó que para realizar el trabajo respecto a todo el universo de planes de pago similares a los de la petrolera, fueron comisionados otros funcionarios de la DGI y de Seguridad Social, algo que no ocurría desde 1998, cuando se hizo un relevamiento voluminoso sobre los “autónomos”. ¿Abad tenía la sospecha de que podría encontrar otros casos y salió a la pesca?

“No es lo habitual”, recordó el testigo.

Pero adicionalmente, Álvarez remarcó que la muestra de casos elegidas para su auditoría fue especialmente escogida por el subdirector de Auditoría Néstor Sosa. Incluso, el testigo aportó un correo electrónico donde consta la orden y el listado de empresas (algunas de ellas muy importantes) que Sosa solicitó de forma explícita desde su propio mail. “Creo que esta fue la única”, reconoció el testigo preguntado cuándo hubo un antecedente similar de que un alto funcionario digitara una muestra de una auditoría que debió haber sido aleatoria y tramitada solo por los cuadros técnicos. También incluyó parte del texto de las conclusiones de su propia mano.

La situación de Sosa comienza a ser delicada. Tres testigos han marcado serias contradicciones respecto a su extenso testimonio ante el TOF 3 y su supuesta ajenidad a todo el proceso. Sus subalternos expusieron –en audiencias subsiguientes- que fue uno de los protagonistas de las decisiones clave.

De hecho, Mario Maure, el otro auditor para la OIP 14 aseguró que durante tres días se instaló en las oficinas de Sosa para corregir párrafos de su informe preliminar, el mismo que se llevó a la justicia y que hilvanó la hipótesis delictiva sobre la supuesta defraudación de Oil a través de los planes de pago y la presunta deuda, hasta cuyas cifras terminaron desmentidas por un peritaje de la Corte. Sosa no solo ingresó en el terreno del falso testimonio ante el TOF3, sino que puso en riesgo su sobreseimiento en la causa de María Servini. Lo mismo que Abad que por la cronología que aportó el testigo ayer sumó un hecho más al pedido de procesamiento que reveló Ámbito y que podría ser dictado por la magistrada.

Sintéticamente, las conclusiones de la OIP 15 fueron que no existía un parámetro normativo específico para tramitar los planes de pago especiales que eran facultad del administrador federal y que existía una dispar recolección de documentación precisamente porque no existía (y al día de hoy no existe) una resolución que defina explícitamente cómo tramitarlos. Sin embargo, todos habían seguido el circuito que estaba previsto en las distintas escalas jerárquicas y la totalidad habían sido autorizados para su otorgamiento, y que en cuanto a tasas de interés y cantidad de cuotas eran similares a los planes generales. La auditoría no detectó irregularidades ni identificó tratamiento discrecional de ninguno de los 1.648 planes analizados.

Pero lo sorpresivo fue que Álvarez aseguró que la AFIP contaba con ese informe de auditoría firmado (y con las mismas conclusiones) en noviembre de 2016, cuando el caso Oil era planteado como un ejemplo de ilegalidad en la causa penal. Sin embargo, la auditoría se mantuvo abierta y oculta –sin ser cargada en los sistemas de SIGEN, pese a que Sosa aseguró que era parte de la rutina “subir” cada informe parcial- a la espera de contar con respuestas pendientes de algunas áreas. Eso se sabía hasta ayer. Pero lo que agregó el testigo era que simplemente restaban confirmaciones respaldatorias de algunos casos particulares.

Eso motivó que se ampliara el informe en 2018 y que finalmente en junio de 2019 se completara. Ese documento (la OIP 15) recién se incorporó a la causa Oil luego de una rebelión de jefes de agencia de AFIP que escribieron una carta a Leandro Cuccioli reclamando que con esos hallazgos no se podía inculpar a funcionarios de línea del fisco (en Oil tramo 2) porque no había delito en ninguno de los 1648 planes analizados. Estaban incluidos los de Oil Combustibles.

“Para noviembre de 2016 lo que teníamos para dar estaba dado. Propiciamos el archivo de la auditoría”, confirmó Álvarez. ¿Qué hubiese pasado si esa auditoría veía la luz con conclusiones opuestas a las de la OIP 14? “En marzo de 2018 hicimos un archivo administrativo”, explicó el testigo. Ese informe no se subió a la SIGEN. La instrucción es que ese informe no había que cargarlo. Consultamos si en este caso había que registrarlo y la realidad es que no está cargado”, ratificó bajo juramento. Se preguntó quién había dado esa indicación. “Normalmente hubiéramos preguntado al área de Planificación. Entre los destinatarios estaba el Administrador Federal y a todos les fue enviado”, aseguró Álvarez.

Ese dato ubica a Abad en pleno conocimiento de las conclusiones de la OIP 15 a contramano de irregularidades en los planes para noviembre de 2016, cuando la AFIP redoblaba su embestida para cercar a Oil con el supuesto delito de planes preferenciales y con la querella a cargo del abogado Ricardo Gil Lavedra, quien debió haber tomado conocimiento de estos hechos. Y que ambas auditorías habían sido desconectadas de una llevada adelante en 2013 sobre los planes de pago, que habían validado un mail con un instructivo sobre cómo ejecutarlos por “la línea”.

“Entre marzo de 2018 y junio de 2019 es el tiempo en el que las respuestas fueron viniendo –explicó el auditor- . Las cuestiones esenciales estaban resueltas en octubre y en noviembre de 2016. Nada cambió en las cuestiones esenciales. Sí se avanzó en validar planes. Si uno lee el primer informe (el de noviembre de 2016) ya habíamos convalidado buena parte de los 1648 planes”, subrayó.

La declaración de Álvarez se convirtió así en una de las más relevantes del juicio no solo por comparar el universo total de planes respecto a Oil e igualarlos en el trámite (parte de la acusación es que hubo un acuerdo para otorgarlos de manera diferencial), sino que además, la AFIP buscó por todos los medios sostener una denuncia penal pese a que documentación interna que la desmentía.