En una disposición confidencial se dispusieron medidas disciplinarias a jefes involucrados en manejo de recursos para seguridad de las PASO.

El subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier mayor Pedro Girardi, firmó la disposición “Confidencial” DI-2021-19-APN-SEMCO#EMCO por la que ordena la aplicación de sanciones disciplinarias a dos jefes militares involucrados en pagos irregulares efectuados por el Comando General Electoral en ocasión de las elecciones primarias.

El Comando Electoral se creó por el decreto 283/2021 con la misión de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad para garantizar la realización de las PASO. Recibió fondos del Ministerio de Interior, más de 20 millones de pesos para hacer frente a gastos de traslados, viáticos, logística de vehículos y racionamiento, de personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La investigación castrense sobre oficinas de finanzas del comando electoral quedó en manos del coronel mayor auditor (abogado) Martín Torres, jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor Conjunto.

Confidencial
En tres artículos y con una redacción de trabalenguas la disposición confidencial del subjefe Girardi aplica dos sanciones ( 5 y 15 días de arresto) al coronel Raúl García, jefe del Servicio Administrativo Financiero del Comando General Electoral y una (4 días de arresto) al capitán de corbeta Dalton Valenzuela (protesorero).

El deslinde de responsabilidades con el encuadre disciplinario surgió de las conclusiones y dictamen final producido por el sumariante, coronel mayor Torres.

El correctivo más leve aplicado al coronel García, 5 días de arresto, lo califica de negligente en adoptar mecanismos tendientes a detectar y/o evitar pagos “duplicados o erróneos”. Inapelable confirmación de que hubo pagos duplicados y erróneos en perjuicio de la administración pública y que amerita seguir la ruta del dinero. Uno se pregunta si ahora intervendrá el tribunal federal de Marcelo Martínez de Giorgi donde quedó radicada una denuncia por delito financiero y contra la administración pública en paralelo con la pesquisa militar, ambas empujadas por el teniente coronel de intendencia Gustavo Chávez Leguina, tesorero del Comando Electoral. La presentación del teniente coronel Chávez a la fiscalía expuso en 6 carillas presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, omisión maliciosa, entre otros que se habrían plasmado a partir de maniobras de duplicidad de transferencias a proveedores, pago de viáticos apócrifos (inflar el número de beneficiarios), pagos a empresas de transporte sin documentación reglamentaria, etc. El Ministerio de Defensa que conduce Jorge Taiana no tomó ninguna iniciativa en el expediente abierto en el fuero federal.

Transferencias
El texto de la sanción al marino Valenzuela requiere de algún especialista en hermenéutica; “haber intervenido en más de ochocientas transferencias bancarias, ejecutando importes de gran significación sin efectuar ningún tipo de control delegando el mismo en el tesorero, cuando él ejercía ése rol”. Al parecer se penaliza no haber controlado el proceso de innumerables transferencias por delegación en sí mismo de la tarea (el control) que no se cumplió, casi un absurdo.

El subjefe del EMCO, brigadier Girardi, asumió la facultad de sancionar a los involucrados por delegación de quien tiene esa atribución, el teniente general Martín Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto. Paleo tomó distancia, se lo permite la reglamentación, quedó al margen de salpicaduras de su propia tropa.

El Comando Electoral funciona bajo la jurisdicción del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo del general Martín Deimundo Escobal. En rigor, el general Deimundo Escobal, debió ordenar que se investiguen los hechos denunciados, designar un oficial instructor y sancionar a los involucrados (García y Valenzuela) que están bajo su línea de comando, son subordinados directos. La intervención de Paleo, titular del Estado Mayor Conjunto, máxima autoridad militar, designando como instructor al coronel abogado Torres, jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor Conjunto, apartó a Deimundo Escobal, dejó a los investigados y ahora sancionados sin la posibilidad de reclamar ante una instancia superior y garantizó todo el cubo de Rubik del armado disciplinario, Torres es el sumariante y a la vez titular de la Asesoría Jurídica que avala todos los actos del proceso,