El titular de ARBA aseguró que uno de los objetivos centrales es recuperar el rol fiscalizador de la Agencia de Recaudación. "Debemos mostrarnos activos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias", enfatizó.

Periodista: ¿Cuál es la proyección de recaudación que esperan a partir de la sanción de la Ley Fiscal?

Cristian Girard: Estimamos unos 500 mil millones de pesos.

P.: El Gobierno dijo que las modificaciones introducidas en el debate en el Senado obligaban a la Provincia a resignar cerca de 10 mil millones de pesos.

C.G.: Exacto, son recursos que hubiéramos recaudado de los sectores muy concentrados de la economía, que casualmente -o no- están vinculados con los que fueron los ganadores de los cuatro años de gestión de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal. Cerealeras, exportadoras, empresas hidrocarburíferas, operadores de cable, laboratorios. Adicionalmente, hay beneficios para los dueños de grandes propiedades que recibirán un descuento de 25% por pago anticipado, cuando el resto tendrá descuentos del 20%.

P.: ¿Endurecerán los controles sobre esos sectores?

C.G.: No. Queremos fortalecer el rol fiscalizador del organismo y orientarlo hacia los sectores de más recursos, que son los patrimoniales, y a los más concentrados que son los no patrimoniales.

P.: El espíritu de la ley fiscal.

C.G.: Queremos estar en línea con eso y dotar de progresividad a la estructura tributaria, dándole más peso a los patrimoniales, que paguen más lo que más tienen, y que paguen de acuerdo con su capacidad. Para los no patrimoniales, la idea es revertir lo que fue la tendencia de la gestión anterior, que cargó el peso de la recaudación financieramente sobre las espaldas de las pymes. Lo hicieron sólo para hacer caja y para entregar en diciembre esos 25 mil millones de pesos de caja, que en realidad 10 mil millones de pesos fueron recaudación adelantada a través del sistema de pago a cuenta de Ingresos Brutos, que fundamentalmente alcanzó a pymes y presionó las cuentas bancarias de los pequeños contribuyentes.



P.: ¿Cómo encontró el organismo?

C.G.: Por un lado es un organismo hiperprofesionalizado, con gente que quiere trabajar, pero por el otro mi percepción es que en estos cuatro años los que tienen esa sensación se sintieron defraudados porque la gestión anterior orientó el organismo hacia la prestación de servicios y despotenció las funciones de fiscalización. La fiscalización genera percepción de riesgo entre los contribuyentes a la hora de evaluar si pagan o no pagan los impuestos. Recuperar el rol fiscalizador es fundamental, porque se trata de una cultura tributaria. Debemos mostrarnos activos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias porque es la manera de que les llegue el mensaje a los que están pensando en evadir.

P.: ¿Qué plan tienen en ese sentido?

C.G.: Es el objetivo central de esta gestión: fortalecer el área de inteligencia fiscal con recursos y con dirección. Los últimos cuatro años no hubo interés en mejorar la capacidad de la gestión, lo que hubo fue un desguace.

P.: ¿En qué se nota?

C.G.: ARBA perdió el 20% de la planta de personal durante la gestión Vidal, mediante la política de incentivar los retiros y las jubilaciones en todos los organismos del Estado. Arba no fue la excepción. Es llamativo que la provincia haya elegido relegar a su agencia de recaudación cuando es tan importante contar con recursos. Eso habla muy mal de la gestión. En el marco del Pacto Fiscal y el discurso permanente de la presión impositiva, de que “cobrar impuestos es malo”, resulta llamativo una gestión que pregonaba que era bueno no pagar impuestos o bajarlos. El resultado está a la vista: no hubo inversiones, la economía cayó, no se generaron empleos, aumentó la pobreza, y hoy tenemos una inflación al borde la espiralización y de la híper, y una provincia hiperendeudada que no puede hacer frente a programas de vencimientos. Vidal fue la mejor alumna de Macri, pero para colmo, en la firma del Pacto Fiscal, cedió recursos. Si bien recuperó fondos, perdió autonomía financiera porque la condición para eso era reducir Ingresos Brutos. Un beneficio que sólo alcanzó a sectores concentrados de la economía, que son los que defendió la oposición en el Senado.

P.: ¿Cuál será la política de fiscalización con aquellos que evaden porque no pueden pagar, y con los que evaden por otras razones?

C.G.: El universo de la evasión es heterogéneo, no todos evaden por lo mismo. No todos los que evaden son iguales. Una cosa es la informalidad económica, que es la consecuencia de un determinado estado del desarrollo de la economía. Sobre ese universo debe haber una política de coordinación con Nación y con los municipios, donde lo que se busca es simplificarle la tarea de pago a los contribuyentes, reducir los costos del cumplimiento con los obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, una política de educación tributaria. Si una familia abre un kiosco y le caes con todo el peso de la política tributaria y eso implica que el comercio cierre, te estás generando un doble problema porque además estás dejando sin ingresos a una familia. No digo que no hay que controlar, pero hay que saber dar respuestas a cada situación. El objetivo es formalizar el comercio y educarlo. Distinto es cuando lo que tenés es una filtración de recursos que los grandes contribuyentes pueden hacer porque pueden pagar estudios contables que se dedican a buscar dentro del marco normativo los pliegues, los vacíos, los blancos que existen para mediante interpretaciones reducir la carga tributaria, lo cual nos obliga, si detectamos la maniobra, a entablar una discusión cuya última instancia es la judicial.



P.: Suena a algo que no se puede cambiar de un día para el otro.

C.G.: No, claro. Es una política de largo plazo. Nosotros vamos a trabajar en un plan quinquenal, y con objetivos de gestión que abarquen los cuatro años.

P.: ¿Hay posibilidad de que Buenos Aires instrumente el monotributo unificado como lo hacen algunas provincias?

C.G.: Lo estamos estudiando. Hay un debate entre quienes opinan que si se simplifica se mejora buena parte de la informalidad, y los que dicen que se genera enanismo fiscal.

P. ¿Cuál será la política de incentivos para las pymes?

C.G.: Hay una emergencia productiva y hay que hacer foco en las pymes, que fueron las principales perjudicadas por la política nacional y provincial. Como decía Axel en la campaña, fue la tormenta perfecta: caída de la demanda, de ventas, tarifazo, etc. La apertura de las importaciones fue terminal para muchas pymes que se encontraron con una competencia desleal de un mundo que está en crisis. Si te abrís en una crisis te entran todos los productos que están en saldo en el mundo. Lo que hicieron con las pymes fue perverso. Estamos trabajando en un plan de pago y un paquete más amplio de beneficios que anunciará el gobernador la próxima semana. Faltan algunos detalles, pero en términos generales se trata de un plan de pagos a 10 años, con moratoria de intereses por mora y resarcitorios y de las multas, y la posibilidad de financiar capital en hasta 120 cuotas. Quitas va a haber en intereses y multas, pero aún estamos analizando con el gobernador los porcentajes. Las tasas serán razonables y prevemos que alcance a un universo de 600 mil pymes. Esto generará un triple efecto en las empresas: mejoran la calificación de riesgo cuando entran al plan de pago, se les abre el crédito financiero, y pueden liberar embargos y recuperar fondos. Y la pymes no cierra, que es el objetivo final de nuestra gestión.