En su análisis, el periodista Carlos Pagni dividió en dos partes fundamentales el discurso del presidente Alberto Fernández del domingo pasado durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso: inflación y reforma judicial para limitar la intervención de los Servicios de Inteligencia.

En la apertura de una nueva temporada de Odisea Argentina (LN+), el periodista Carlos Pagni dijo: "Los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario LA NACION un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes. Esto que llama Cristina Kirchner lawfare es la contracara de la impunidad que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder".

Según Pagni, el proyecto que según dicen en el Gobierno todavía está en estudio, es convertir parte de esos juzgados nacionales del fuero ordinario en juzgados federales. Es decir, parte de los juzgados nacionales, los doce de Comodoro Py, y los del fuero penal económico se convertirían en una nueva justicia federal de la Capital Federal.

"De los 60 juzgados ordinarios se federalizarían 30. Casi todos ellos están vacantes. Es decir, no tienen juez y son subrogados por jueces de otros juzgados. Quiere decir que esta iniciativa le permitiría al gobierno de Fernández designar 30 jueces federales nuevos. Esta es una novedad que muchos especialistas en la materia se encuentran analizando, pero que el Presidente no mencionó en su discurso", puntualizó el analista político.

A su vez, continuó: Un detalle al pasar, Fernández dijo que parte de los juzgados se federalizarían y parte se transferirían a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el presupuesto económico de esa transferencia? Es decir, cuántos recursos le van a destinar a Larreta para que se pueda hacer cargo de esos nuevos juzgados. Esa va a ser una gran discusión para una administración como la de Fernández, cuya lógica, prioridades y dinámica son difíciles de entender si uno no advierte que se trata de un gobierno del PJ de Capital que, en gran medida, tiene en Larreta un adversario muy visible.

Todo su impulso de saneamiento de la Justicia tiene un límite, un problema: Cristina Kirchner. La situación judicial de su vicepresidenta y de la familia de ella es un tema para Alberto Fernández, y hasta lo ha conversado con gente de la oposición. Incluso, seguramente forma parte de un acuerdo o de una conversación más o menos explícita entre él y quien lo designó.

¿Hasta dónde se extiende la necesidad de cerrar esas causas? ¿Abarcan solamente a la expresidenta y a su familia o van más allá y tocan a otros miembros del kirchnerismo? El concepto lawfare: ¿hasta dónde alcanza la idea de que ha habido un manejo discrecional de la Justicia para perseguir políticamente? ¿Julio de Vido y Amado Boudou tienen derecho a decir que lo suyo es lawfare?

De Vido puede decir que las prisiones preventivas violentan garantías. No obstante, la idea de manipular a la Justicia para perseguir a alguien es defectuosa desde el punto de vista de la aplicación histórica, porque los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario LA NACION un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes. Esto que llama Cristina Kirchner lawfare es la contracara de la impunidad que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder.

Esta agenda de saneamiento institucional tiene preocupada a Cristina Kirchner. Ella ve con indignación cómo la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la UIF mantienen las querellas contra funcionarios kirchneristas. Hay que sacarse el sombrero. Pero la vicepresidenta se irrita cuando, como sucedió días atrás, un abogado de la AFIP alegó que Lázaro Báez debía ir preso porque encarnó una matriz de corrupción fundada por Néstor Kirchner. ¿Esto es producto del desorden? ¿O es una maniobra de Alberto Fernández? En la Casa Rosada aducen lo primero. En la vicepresidencia, creen lo segundo.

Estas contradicciones se resolverían a favor de Fernández si él tuviera más poder político. Para eso, necesita un éxito económico: sacar a la Argentina de la recesión en un plazo breve y razonable».